México cuenta ya con un nuevo marco jurídico para fortalecer la gestión, gobernanza y protección del agua. La Ley General de Aguas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, marcando un momento histórico para la política hídrica del país.
La publicación del decreto ocurre luego de un amplio proceso legislativo que incluyó su votación en la Cámara de Diputados —donde obtuvo 324 votos a favor— y posteriormente en el Senado, donde fue aprobada con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general. En lo particular, el Senado rechazó todas las reservas presentadas, por lo que el decreto se publicó en los términos enviados por la colegisladora.
Con su entrada en vigor, México avanza hacia una política hídrica estructurada en principios de equidad, sustentabilidad, protección de los ecosistemas y reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental.
Un decreto que transforma el acceso y gobernanza del agua en México
La nueva Ley General de Aguas establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como su interdependencia con otros derechos como la salud, la alimentación, el medio ambiente sano y la vivienda.
El decreto publicado en el DOF:
- Define el contenido del derecho humano al agua bajo criterios de suficiencia, salubridad, aceptabilidad, asequibilidad y equidad.
- Garantiza el acceso al agua para consumo personal y doméstico, así como la disposición y saneamiento adecuados.
- Determina las responsabilidades de la Federación, los estados y los municipios en la tutela del derecho humano al agua.
- Regula el acceso al agua mediante mecanismos, instrumentos e instancias de participación ciudadana, fortaleciendo la transparencia y la corresponsabilidad social.
Este nuevo marco se propone corregir inequidades históricas, cerrar brechas territoriales y modernizar la gestión hídrica frente a desafíos como el estrés hídrico, el cambio climático y la presión demográfica.
Bases para servicios públicos de agua y saneamiento con acceso equitativo
Uno de los elementos más relevantes de la ley es el fortalecimiento del acceso universal a los servicios públicos de agua potable y saneamiento. El decreto establece que estos servicios deberán promover la equidad territorial y asegurar la continuidad, calidad y sustentabilidad del suministro.
Para ello, se definen lineamientos para que los tres niveles de gobierno:
- Fortalezcan su infraestructura hídrica.
- Garanticen la operación sostenible de los sistemas de agua.
- Implementen sistemas de monitoreo y transparencia.
- Prioricen la atención a comunidades con rezago en acceso y calidad del servicio.
El objetivo es avanzar hacia un servicio digno, suficiente y regular para toda la población, especialmente para quienes viven en zonas rurales, periurbanas o con rezago hídrico.
Perspectivas transversales para una gestión hídrica inclusiva
En línea con la agenda global de derechos humanos, la nueva Ley General de Aguas incorpora perspectivas transversales para orientar la gestión y gobernanza del agua. Estas incluyen:
- Perspectiva de género, para reducir brechas y reconocer el impacto diferenciado del acceso al agua en mujeres y niñas.
- Perspectiva de discapacidad, favoreciendo servicios accesibles e inclusivos.
- Enfoque intercultural, que reconoce los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en la administración del agua.
- Visión intergeneracional, que prioriza la seguridad hídrica para las futuras generaciones.
- Enfoque ecosistémico, que garantiza la integridad de cuencas, ríos, acuíferos y ecosistemas asociados.
Estos principios fortalecen la equidad y aseguran que la política hídrica no se limite a la infraestructura, sino que tenga como centro a las personas y al ambiente.
Participación ciudadana como eje de la nueva gobernanza del agua
La ley publicada en el DOF incorpora un sistema sólido de participación ciudadana, reconociendo el papel de comunidades, usuarios y organizaciones sociales en la gestión del recurso. Esto se materializa en:
- Consejos, comités y mecanismos consultivos.
- Acceso público a información técnica y administrativa.
- Procesos de vigilancia social para el uso sustentable del agua.
El objetivo es construir una gobernanza corresponsable, donde la sociedad participe activamente en la toma de decisiones y la supervisión del cumplimiento del derecho humano al agua.
Un hito para la política hídrica nacional
Con su publicación en el DOF, la nueva Ley General de Aguas se convierte en un instrumento rector para las próximas décadas, orientado a garantizar el acceso equitativo, sostenible y justo al agua.
Su implementación requerirá coordinación, inversión y fortalecimiento institucional, pero marca un paso decisivo hacia un México con mayor seguridad hídrica y con un modelo de gestión más democrático y sustentable.
