- Más de 122 mil millones de pesos en inversión y un decreto de facilidades para pequeños productores y municipios
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un paquete de 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica en distintas regiones del país, acompañado de un decreto de facilidades administrativas para regularizar miles de concesiones de agua vencidas. Ambos anuncios pretenden garantizar el derecho humano al agua, mejorar el acceso a servicios básicos y dar certeza jurídica a productores y municipios.
El director general de Conagua, Efraín Morales López, informó que los proyectos representan una inversión de 122 mil 600 millones de pesos, de los cuales 15 mil millones ya fueron aplicados en 2025.
“Estos proyectos están desarrollados con una visión de largo plazo. Nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, también son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30 y 40 años, según sea el caso”, señaló durante la ‘Mañanera del Pueblo’.
Las obras están distribuidas en 17 entidades: Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.
Entre los proyectos en marcha destacan:
- Segunda línea del acueducto Guadalupe-Victoria, en Ciudad Victoria, con inversión de 2 mil millones de pesos.
- Acueducto Solís–León, en Guanajuato, con inversión de 15 mil millones de pesos en conjunto con el gobierno estatal.
- Proyecto integral en Acapulco, con acciones de protección contra inundaciones, saneamiento y agua potable por 8 mil millones de pesos.
- Redes troncales de Agua Saludable para La Laguna, en beneficio de municipios de Coahuila y Durango.
- Proyecto integral en la Zona Oriente del Estado de México, con 143 acciones en este año y una inversión superior a 2 mil 400 millones de pesos.
En total, ocho proyectos ya iniciaron obras, tres más comenzarán en los próximos días y seis se encuentran en fase de contratación. Entre ellos, destacan la presa Tunal II en Durango, el acuaférico de Campeche, el acueducto La Cangrejera–Coatzacoalcos en Veracruz y la desaladora de Rosarito en Baja California, que será la más grande de Latinoamérica.
“El objetivo es atender el derecho humano al agua y, al mismo tiempo, hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos en todo el país”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Regularización de concesiones: certeza jurídica para productores y municipios
En paralelo, Conagua anunció un Decreto de Facilidades Administrativas para que pequeños y medianos productores, así como municipios y entidades federativas, puedan regularizar títulos de concesión vencidos.
De acuerdo con la revisión de más de 536 mil concesiones, se detectó que 163 mil 689 carecen de vigencia porque los titulares no realizaron su trámite en tiempo y forma.
El subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, explicó que la medida busca atender a productores agrícolas y pecuarios con volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, así como a municipios para uso público urbano.
“Su propósito fundamental es brindar certeza jurídica. Con títulos vigentes, los productores podrán acceder a créditos, subsidios y programas, como el de energía eléctrica para uso agrícola (PEUA), del cual dependen más de 89 mil productores”, señaló Rodríguez.
Los requisitos son: acreditar la propiedad del predio, presentar copia del título, comprobar el uso activo de volúmenes en los últimos dos años, entregar un escrito libre solicitando la adhesión y realizar el pago correspondiente.
El decreto tendrá vigencia de tres meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y el trámite se podrá realizar en la Ventanilla Digital Única de Trámites del Agua o en los módulos que instalará Conagua en las 32 entidades federativas.
Ordenamiento de concesiones y visión de largo plazo
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el ordenamiento de concesiones es una prioridad para su gobierno, ya que durante décadas se otorgaron sin control.
“Se ha hecho un trabajo muy intensivo para poner en orden las concesiones. Es, en realidad, una desprivatización del agua, porque se recuperan volúmenes concesionados en exceso y se reasignan para garantizar el derecho humano al agua”, afirmó.
