El agua en México dejará de ser tratada como una mercancía y volverá a asumirse como un bien estratégico de la Nación y un derecho humano fundamental, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar el paquete de reformas que incluye la expedición de la Ley General de Aguas y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, iniciativas que buscan ordenar el uso del recurso y garantizar su acceso equitativo.
Sheinbaum recordó que desde 1992, con las reformas impulsadas en el periodo neoliberal, se permitió que las concesiones de agua fueran transferibles entre particulares, lo que generó descontrol, sobreexplotación y acaparamiento.
“Eso se acaba con la iniciativa que estamos enviando. El agua deja de ser mercancía y se convierte nuevamente en un bien de la Nación. Ya no se podrán vender ni transmitir concesiones entre privados. El uso del agua será regulado de forma transparente, ordenada y con prioridad en el derecho humano al acceso al agua potable”, afirmó la mandataria.
Asimismo, indicó que el recurso será gestionado bajo una visión de justicia social. “Recuperamos para la Nación este gran recurso natural indispensable para el desarrollo. Garantizar el derecho humano al agua es garantizar la vida y la dignidad de nuestro pueblo”.
Orden, transparencia y rectoría del Estado
De acuerdo con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, la Ley General de Aguas establece las bases jurídicas para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua, en cumplimiento del artículo 4° constitucional. A su vez, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27, fortalece la rectoría del Estado y otorga mayores facultades a la autoridad del agua.
Entre los cambios más relevantes:
- Se elimina la transmisión de concesiones entre particulares.
- Se crea el Registro Nacional del Agua, para transparentar los títulos y dar trazabilidad a cada concesión.
- Se reconoce y protege la labor de los sistemas comunitarios de agua, especialmente en comunidades indígenas y rurales.
- Se endurecen las sanciones administrativas y se tipifican delitos hídricos, como la extracción ilegal, el desvío de cauces y la corrupción en el otorgamiento de títulos. Las penas van de uno a diez años de prisión.
- Se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, donde se concentrarán los volúmenes recuperados para ser reasignados con prioridad en el derecho humano al agua.
Visión integral y sustentable
La presidenta aseguró que la iniciativa no es improvisada. “Fue discutida en todo el país, con foros en los que participaron comunidades, agricultores, industriales, académicos y gobiernos locales. No es una sorpresa, es un consenso nacional para ordenar el uso del agua”.
El nuevo marco legal contempla también:
- Planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo, considerando cambio climático y crecimiento poblacional.
- Regulación de la captación de agua pluvial y su aprovechamiento sustentable.
- Fomento a la tecnificación agrícola, para un uso más eficiente del recurso.
- Límites al acaparamiento, restringiendo la cuota de garantía a un máximo de cinco años.
- Una nueva etapa en la política hídrica
La consejera jurídica Ernestina Godoy reforzó el mensaje al señalar que “el agua no es un privilegio ni una mercancía: es un bien público y fuente de vida. Privatizarla es robarle a los pueblos su futuro”.
En este sentido, la mandataria reiteró que la prioridad de su gobierno es garantizar el derecho humano al agua para todas y todos: “Se trata de justicia social, de soberanía y de futuro. No puede haber vida digna sin acceso equitativo al agua”.
La iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y posterior aprobación.
