Las Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025, publicadas este viernes, continúan con el objetivo de garantizar que los subsidios federales se apliquen de manera eficiente, transparente y coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Además, buscan mejorar el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, contribuyendo al derecho a la salud, la vivienda digna y un medio ambiente sano.
En comparación con las Reglas de Operación de 2024, no se observan cambios significativos en los principios generales del programa. No obstante, la versión 2025 incorpora modificaciones clave para fortalecer la equidad en la distribución de fondos y optimizar la gestión de recursos hídricos en el país.
Principales cambios son:
- Mayor énfasis en eficiencia y cumplimiento normativo
- Refuerzo de los requisitos para cumplir con las NOM-127-SSA1-2021 (agua potable) y NOM-001-SEMARNAT-2021 (descarga de aguas residuales).
- Nuevas reglas de financiamiento
- Ajuste de los porcentajes de aportación federal según el tamaño de la localidad y su prioridad de atención.
- Incentivos de hasta 10% adicionales para proyectos con participación de mujeres en roles técnicos y de toma de decisiones.
- Fortalecimiento de la capacitación y creación de Escuelas del Agua
- Implementación de un Programa de Capacitación con financiamiento específico de hasta un millón de pesos y contraparte obligatoria del beneficiario.
- Promoción de Escuelas del Agua en organismos operadores y comunidades rurales para mejorar la gestión hídrica.
- Mayor enfoque en soluciones innovadoras y sustentables
- Priorización de proyectos con soluciones basadas en la naturaleza, energías renovables y captación de agua de lluvia.
- Aumento de incentivos para proyectos que mejoren la eficiencia energética y reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero en plantas potabilizadoras y de tratamiento.
- Refuerzo en auditoría, transparencia y rendición de cuentas
- Criterios más estrictos para la presentación de reportes físico-financieros mensuales.
- Digitalización obligatoria de expedientes para garantizar la trazabilidad de los recursos.
- Mayor flexibilidad para emergencias y desastres
- Posibilidad de asignar hasta el 100% de los recursos federales en proyectos de abastecimiento urgente de agua potable en localidades afectadas por riesgos sanitarios o fenómenos naturales.
Estos cambios buscan fortalecer la equidad en la distribución de los fondos y mejorar la eficiencia en la gestión del programa, asegurando que más comunidades tengan acceso a servicios hídricos de calidad. La transparencia y la inclusión de tecnologías innovadoras serán clave para garantizar el éxito de estas reformas.
