La desalinización se convirtió en una de las principales alternativas para enfrentar la escasez de agua en regiones con estrés hídrico. Sin embargo, el crecimiento de esta industria suele avanzar más rápido que los marcos regulatorios encargados de supervisarla. En Chile, esa situación acaba de cambiar.
El país sudamericano promulgó la Ley N.º 21.813, la primera legislación específica para regular el uso de agua de mar y los proyectos de desalinización, estableciendo como prioridad el abastecimiento para consumo humano y saneamiento. La nueva normativa representa un paso relevante en la gestión de recursos hídricos en un contexto marcado por más de una década de sequía y una creciente demanda de agua en sectores urbanos, agrícolas e industriales.
La ley fue promulgada por el José Antonio Kast, presidente de Chile, en la región de Atacama, una de las zonas más afectadas por la escasez hídrica y donde la desalinización adquirió un papel estratégico para garantizar el suministro de agua. La normativa entrará en vigor en un plazo de 18 meses y busca otorgar certeza jurídica a una industria que opera en el país desde hace más de dos décadas sin un marco regulatorio específico.
Una industria que creció antes que la regulación
Chile cuenta actualmente con 24 plantas desaladoras en operación, las cuales producen más de 11 mil litros por segundo. Además, existen diversos proyectos en desarrollo que incrementarán significativamente la capacidad instalada durante los próximos años.
Hasta ahora, los proyectos de desalinización debían ajustarse a figuras jurídicas diseñadas para otros usos, lo que generaba procesos complejos y largos periodos de autorización. Según información difundida por especialistas y autoridades chilenas, algunos proyectos podían tardar más de una década en completar sus procesos de tramitación.
La nueva legislación busca simplificar estos procedimientos y crear condiciones que permitan impulsar nuevas inversiones, sin perder de vista la protección ambiental y la atención de las necesidades sociales vinculadas al agua.
¿Qué establece la nueva Ley de Desalinización?
La normativa incorpora varios elementos considerados clave para el desarrollo ordenado del sector.
Uno de los más relevantes es la creación de una concesión especial para proyectos de desalinización. Esta nueva figura jurídica permitirá que las plantas cuenten con un procedimiento específico para obtener autorizaciones relacionadas con la captación y utilización de agua de mar.
Asimismo, la ley establece que los proyectos industriales deberán reservar hasta el 5% de su capacidad para abastecer necesidades de consumo humano y saneamiento, reforzando el principio de prioridad para las personas.
Otro aspecto destacado es la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, instrumento que definirá criterios para la ubicación de nuevas plantas, estándares técnicos y ambientales, así como esquemas de financiamiento para impulsar el desarrollo del sector.
Además, la Dirección General de Aguas (DGA) asumirá un papel central en la supervisión y coordinación de estos proyectos mediante una nueva Unidad de Desalinización especializada.
Seguridad hídrica y adaptación al cambio climático
La aprobación de esta legislación responde a una realidad cada vez más evidente: la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento frente a los efectos del cambio climático.
Chile enfrenta desde hace años una prolongada crisis hídrica que afecta a comunidades, actividades productivas y ecosistemas. En este contexto, la desalinización dejó de verse únicamente como una solución para la minería o la industria y comienza a posicionarse como una herramienta para fortalecer la seguridad hídrica de ciudades y poblaciones.
La nueva ley también reconoce la importancia de equilibrar el desarrollo de esta tecnología con la protección de los ecosistemas marinos y costeros, incorporando elementos de planificación y regulación que buscan garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.
