En el marco de las Mesas de análisis “Nuevo régimen jurídico del derecho humano al agua y las concesiones”, realizadas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Patricia Hernández, directora general de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), expuso los principales retos operativos que enfrentan los organismos operadores ante la reciente reforma al marco jurídico del agua en México.
Durante su intervención, Hernández reconoció el trabajo impulsado por la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno federal y el Poder Legislativo, al considerar que la actualización normativa “definitivamente era un paso pendiente”. Subrayó que ANEAS acompañó el proceso desde su inicio, con presencia en los foros nacionales organizados para la discusión de la reforma.
“Este acompañamiento que hemos hecho con Conagua es una corresponsabilidad institucional”, señaló, al destacar que la ANEAS agrupa a organismos operadores de todo el país, con realidades técnicas, financieras y territoriales profundamente distintas.
Reglamentación diferenciada para los organismos operadores
Uno de los puntos centrales de su participación fue la necesidad de una reglamentación diferenciada, al advertir que no todos los organismos operadores enfrentan las mismas condiciones. “No todos los organismos operadores son iguales. Tenemos distintas realidades en nuestro país, distintas calidades de agua y distintos costos para cumplir una misma norma”, afirmó.
Hernández explicó que, en algunas regiones, aplicar una norma nacional puede representar costos mínimos, mientras que en otras implica inversiones muy elevadas, lo que vuelve inviable su cumplimiento sin apoyos diferenciados. En ese contexto, insistió en que el reconocimiento del derecho humano al agua debe traducirse en una implementación operativa realista.
Otro tema crítico fue la situación jurídica de los organismos operadores. “Tenemos organismos operadores responsables de garantizar el derecho humano al agua que no cuentan con un título de concesión actualizado a su nombre”, advirtió, al señalar que este vacío genera riesgos legales y operativos.
En materia financiera, la directora de la ANEAS hizo un llamado a despolitizar el tema del agua, especialmente en lo referente a las tarifas. “Las tarifas no cumplen ni con los gastos operativos ni con el costo de producción. Es un tema político y así no podemos garantizar un servicio público”, sostuvo.
Sobre el saneamiento y el cumplimiento normativo, cuestionó cómo avanzar sin presupuesto. “Se cambian normas, como la 001 o la 127, acompañadas de presupuesto cero. ¿Cómo vamos a cumplir con estudios de laboratorio y monitoreos si no hay recursos?”, preguntó.
Hernández también subrayó la importancia de la planeación de largo plazo y la estabilidad institucional. Recordó que la permanencia promedio de los directores de organismos operadores es de apenas un año y siete meses. “¿Qué proyecto puede funcionar así? No hay continuidad, no hay seguimiento y no hay indicadores”, señaló.
Finalmente, reiteró el respaldo de ANEAS a la reforma legal, pero advirtió que sin reglas claras, financiamiento suficiente y coordinación efectiva, el derecho humano al agua corre el riesgo de quedarse solo en el papel. “No es el agua lo que se paga, es el servicio. Abrir la llave y tener agua en calidad y cantidad”, concluyó.
