Los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, que preside el legislador Raúl Paz Alonzo, aprobaron un acuerdo en el que se establecen las bases del procedimiento para la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y abroga la ley de Aguas Nacionales.
De acuerdo al documento, la reforma a la Constitución, publicada el 8 de febrero de 2012 y que eleva a rango constitucional el derecho humano al agua, se estableció un plazo de 360 días, contados a partir de la aprobación de la reforma, para expedir una Ley General de Aguas
Para cumplir con ello, la senadora Gloria Sánchez Hernández, de la fracción de Morena, presentó la iniciativa con proyecto de Ley General de Aguas que abroga la Ley de Aguas Nacionales.
De esta forma, y para cumplir con lo que establece la Constitución, en el acuerdo se establece que las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos Segunda, realizarán conjuntamente las actividades legislativas necesarias para la dictaminación del proyecto.
De esta forma, acordaron realizar una consulta para recibir los puntos de vista de las distintas instituciones, dependencias, organismos, especialistas y colectivos de la sociedad, interesadas en el tema de la Ley General de Aguas.
La convocatoria se publicará en la Gaceta del Senado, así como en la página electrónica del Senado de la República y en los micrositios de las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos Segunda, a fin de recibir las opiniones a partir del viernes 5 de mayo, a las 10 horas y hasta el viernes 30 de junio a las 18 horas.
Se prevé que la Comisión de Recursos Hidráulicos elabore el dictamen a partir del martes 1 de agosto, para que en septiembre se analice en la reunión de este órgano legislativo que se realizará en ese mes.
Durante la sesión, la senadora Beatriz Paredes Rangel pidió la realización de un Parlamento Abierto, como parte de los trabajos para dictaminar dicha iniciativa. La petición fue leída ante el pleno de la Comisión y a decir del senador Paz Alonso se revisaría.
Cabe recordar que en febrero de 2012, el Congreso de la Unión y posteriormente congresos locales, aprobaron elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso al agua y saneamiento a través de una reforma al párrafo sexto del artículo 4°.
Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas, reemplazando la Ley de Aguas Nacionales de 1992. Sin embargo. Una década después, su aprobación aún está pendiente.